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COMPLIANCE

La reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1/2015 afecta de manera importante la regulación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que es aconsejable, aunque no obligatorio, que las empresas cuenten con un programa para la prevención de estos delitos. Son más de veinte los delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, o los delitos contra la Hacienda Pública.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Febrero de 2016 trató de fijar los requisitos que debían apreciarse para atribuir la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir del Artículo 31 bis del Código Penal, dejando claro que el delito sólo lo podrían cometer las personas físicas integradas en los órganos de dirección de la empresa, tomando en consideración el Alto Tribunal la circunstancia de si hubo negligencia o incumplimiento del control que hubiera impedido la comisión del delito; es decir, que la responsabilidad de la empresa vendrá relacionada con las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el riesgo de que se cometan estos delitos.

La exención de responsabilidad penal de la empresa tiene como punto de partida que sus órganos directivos tengan un programa de prevención de los delitos, que debe cumplirse con toda diligencia, pues el Código Penal es más severo en la exigencia de control que deben ejercer los órganos de administración con el resto del personal, de forma que se reduce o impide la posibilidad de cometer estos delitos.

Esta nueva situación nos conduce a la necesidad de que las empresas cuenten con un Programa de “Compliance”, porque en un futuro cercano los clientes, y más aún los inversores, pueden ser reticentes y exigir que las empresas en que ponen su confianza cuenten con un programa de prevención de los delitos, y acreditar que existe en la empresa una vigilancia y control para la prevención de estos delitos.

A los efectos prácticos, la mayor incidencia reside en la dificultad de contratar una Póliza de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de los Administradores de la empresa, pues las actuales Pólizas sólo cubren las indemnizaciones a terceros por los daños que cause la Organización, o empresa; excluyendo el dolo, como es lógico, según lo previsto en el Artículo 19 de la Ley del Contrato de Seguro.

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